El tráfico de vehículos plantea un amplio elenco de cuestiones de gran calado e interés desde el punto de vista del análisis económico y de enorme trascendencia social: estilo de vida, influencia sobre la salud, accidentes, contaminación, congestión, ingresos públicos, inversiones, gastos de mantenimiento, integración económica, turismo, productividad, competitividad…
El análisis económico ha aportado soluciones o, al menos, alternativas para abordar tales problemas. Algunos de los instrumentos propuestos se utilizan a veces para atender simultáneamente varios objetivos. Tal es el caso del impuesto especial o accisa sobre carburantes. Es este una representación genuina de un impuesto pigouviano, concebido como remedio para corregir el efecto externo de la contaminación provocado por el consumo de carburantes; también, el de la congestión de tráfico. Sin embargo, dicho impuesto es también en la práctica una forma, indirecta y aproximada, de aplicar el principio del beneficio, esto es, para recabar una contribución tributaria de aquellas personas que se benefician individualmente de un servicio público, en este caso, el de circulación por carreteras.
Los avances logrados en la eficiencia energética de los vehículos son altamente eficaces para reducir el impacto contaminador de los automóviles, pero, al manifestarse en una menor carga impositiva, no evitan el efecto de la congestión del tráfico ni frenan la continuidad en el uso de aquellos como medio de transporte. Además, la menor recaudación asociada a la eficiencia energética repercute también de manera negativa en las arcas públicas. Eventualmente, si se utilizaran exclusivamente coches no contaminantes, desaparecería la recaudación del impuesto sobre carburantes y persistirían dos problemas: el de la congestión y el de la obtención de recursos para la construcción y el mantenimiento de vías públicas.
Desde hace ya tiempo, algunas ciudades se han significado por la utilización de dispositivos tecnológicos para modular el tráfico mediante la aplicación de tasas por circular por determinadas zonas o rutas.
Más recientemente, el Estado norteamericano de Oregón, al que ya nos hemos referido en este blog en relación con el impuesto sobre las bicicletas, ha puesto en marcha un programa piloto orientado a afrontar los problemas de la congestión y la financiación presupuestaria (Robert Wright, Financial Times, 8 de diciembre de 2017).
Dicho programa se basa en el uso de una pieza electrónica ya obligatoria en todos los vehículos modernos en Estados Unidos. Dicho dispositivo recoge información del ordenador del vehículo acerca de la distancia recorrida y del carburante consumido.
Los conductores acogidos voluntariamente a este programa, en lugar de soportar (en última instancia) el impuesto sobre carburantes (30 centavos por galón, aproximadamente 7,93 centavos por litro), han de pagar 1,5 centavos por milla recorrida (0,93 centavos por kilómetro).
Mensualmente, recibirán un reembolso o una factura dependiendo de si la tasa por circulación devengada es mayor o menor que el impuesto pagado. Actualmente, el importe de la tasa es de cuantía fija, pero cabe, lógicamente, la posibilidad de graduar su importe en función de la zona y/o de la hora de circulación.
El diario Financial Times incluye un artículo sobre esta iniciativa en su sección “50 Ideas para Cambiar el Mundo”, y no cabe duda de que las nuevas tecnologías ofrecen un extraordinario potencial para transformar las políticas públicas en ámbitos tan relevantes como el de la circulación de vehículos. La magnitud de los problemas asociadas a esta demandan ciertamente ideas brillantes, eficaces y eficientes para evitar llegar a un punto de no retorno.
