A finales del año 2007, la deuda pública española, computada según los criterios del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) de la Unión Europea, ascendía a la cifra de 384.662 millones de euros, equivalente al 36% del producto interior bruto (PIB). Después de una década marcada por una política reiteradamente calificada de “austeridad presupuestaria”, ¿en qué nivel cabría esperar que se situara dicha deuda?
Durante estos años de crisis económica hemos asistido a situaciones dramáticas y también a otras anecdóticas. Se ha hablado insistentemente de “austericidio”, cuando, en realidad, era a la austeridad a la que se imputaba un efecto devastador y no el carácter de exterminada que se desprende de la literalidad de ese vocablo de éxito. Menos anecdótico es que, lejos de haber descendido, los pasivos acumulados por el sector público se han disparado, de manera que, a finales de 2017, se elevaban a la suma de 1,14 billones de euros, esto es, se habían multiplicado por tres y llegaban al 98% del PIB. Y ello, como ha señalado el profesor Victorio Valle, sin computar determinadas partidas no incluidas según los mencionados criterios del PDE, cuya verdadera naturaleza y exigibilidad habría que dilucidar.
¿Es preocupante el nivel alcanzado por la deuda pública española? Para cualquier unidad económica, su capacidad de afrontar pasivos financieros depende de varios factores: la relación entre sus ingresos y gastos anuales, el plazo para la devolución, el tipo de interés y, entre otros, si tendrá que recurrir o no, a corto plazo, a nuevas solicitudes de financiación. Las administraciones públicas disfrutan de algunas ventajas nada desdeñables, como la posibilidad de aumentar los impuestos. También tiene una gran importancia quiénes sean los acreedores. En el caso que nos ocupa, el 55% de la deuda está en manos de sectores residentes y el 45% corresponde al resto del mundo. De la parte interna, el 67% lo mantienen las instituciones financieras, el 32% el Banco de España y solo un 1% otras personas o entidades residentes.
Después de años de padecimiento, la economía española ha logrado recuperar el ritmo de crecimiento del PIB. Sin embargo, se encuentra lejos de superar los retos asociados al mercado laboral y ha salido de la fase de convalecencia con una pesada rémora que la condiciona en los años venideros. La crisis financiera global ha supuesto una gravísima enfermedad que, una vez superada, ha dejado enormes secuelas. El problema no es exclusivo de España, aunque el nuestro es uno de los países más afectados. En las economías avanzadas, la ratios de la deuda pública respecto al PIB se sitúan en promedio en el 105%, en unos niveles no conocidos desde la Segunda Guerra Mundial.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) apunta una serie de razones por las que las altas cifras de déficit y deuda del sector público son causa de preocupación:
i. Una abultada deuda pública puede hacer que un país sea vulnerable al riesgo de refinanciación, y puede originar una subida de la prima de riesgo si los inversores albergan dudas sobre la capacidad o la voluntad de pago de las autoridades.
ii. Asimismo, puede resultar difícil aplicar políticas anticíclicas, es decir, poner en práctica medidas para hacer frente a una caída de la actividad económica. Según las experiencias analizadas, la caída en la producción nacional tras una crisis financiera es inferior al 1% cuando un país dispone de espacio para la aplicación de una política económica anticíclica, y del 10% cuando no existe tal posibilidad.
iii. Por otro lado, puede generarse un freno para el crecimiento potencial, al inducir un posible desplazamiento de inversiones privadas y generar incertidumbre.
Ante este panorama, el FMI, al igual que, en su reciente visita a España, ha hecho el director gerente del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), insta a una actuación decidida para crear “colchones fiscales” (“fiscal buffers”). La receta no es demasiado imaginativa ni innovadora; se trata simplemente de que, en esta (supuesta) época de vacas gordas, se creen fondos o un espacio fiscal para cuando llegue de nuevo el tiempo de las vacas flacas.
El logro de un crecimiento robusto del PIB es una condición necesaria para ese propósito. Las denominadas políticas económicas “amigables para el crecimiento” están llamadas a jugar un papel primordial, mediante la promoción del capital humano, el emprendimiento, las inversiones y la productividad. Evidentemente, la ampliación del denominador hace disminuir la ratio deuda pública/PIB, pero, para reducir el montante absoluto de la deuda, es preciso no solo no incurrir en déficits presupuestarios anuales sino obtener superávits. Así, los impuestos, complementados con otros ingresos no financieros, han de ser suficientes para cubrir la totalidad de los gastos corrientes, llevar a cabo inversiones reales y dejar un remanente para amortizar la deuda.
El FMI sitúa en el 85% sobre el PIB el umbral de deuda pública más allá del cual la sostenibilidad de dicha deuda se torna de gran riesgo. Más de una tercera parte de las economías avanzadas supera ya ese listón, y ello sin tener en cuenta las obligaciones implícitas ligadas, entre otros, a los programas de pensiones y sanidad.
En suma, la recomendación de construir los referidos “colchones fiscales” responde a una lógica aplastante para poder tener una mínima capacidad de reacción ante eventuales situaciones adversas. Quizás la mejor forma de crear “espacio fiscal” sería disminuir primero el ingente volumen de deuda viva. Sin embargo, a tenor de las circunstancias apuntadas y de las presiones, automáticas o inducidas, sobre los programas de gasto público, la tarea es sumamente complicada.
Haría falta diseñar una estrategia presupuestaria nacional, sistemática y comprensiva de todos los ámbitos de actuación, al tiempo que avanzar hacia una mayor integración presupuestaria a escala de la Unión Europea. Se hace imprescindible activar una factoría, nacional y supranacional, de “colchones fiscales”. Mientras el “stock” de tales colchones no sea suficiente, no es posible descansar ni un minuto. No es cuestión de esperar hasta que haya pedidos en firme por parte de la coyuntura económica: la pasada “austeridad” ha dejado ya como herencia una impresionante carga de trabajo.
(Artículo publicado en el diario “Sur”)
