Un programa de ese porte, con más
visos de materializarse, presumiblemente, si tiene un carácter postelectoral,
se cimenta en una infalible tríada: culpabilizar (a los gobiernos anteriores,
si son de otro signo político), apelar al endeudamiento público (o, lo que es
lo mismo, trasladar la carga impositiva hacia el futuro), y gravar (introducir
nuevas cargas fiscales, aumentar las ya existentes, o retirar beneficios
fiscales). Se trata el anterior de un esquema que, según perspicaces analistas,
se apresta a poner en práctica el nuevo gobierno británico, de signo laborista[1].
Antecedentes hay de que el primer componente de ese paquete de medidas se ha llevado
a efectos cuando la transición ha sido desde el Labour Party a los tories.
Los otros dos suelen ser más variables en función del color político del
gobierno entrante.
Rachel Reeves, la nueva Chancellor
of the Exchequer, ha marcado claramente el territorio, antes y después de
la contienda electoral. En su opinión, su partido afronta “el peor conjunto de
circunstancias desde la Segunda Guerra Mundial” (cabe suponer que se refiere
desde su finalización). Por otro lado, mientras que tiene algo más fácil el recurso
al endeudamiento, la elevación de la fiscalidad resulta una operación más
complicada, después de haber hecho la promesa electoral de no elevar las cargas
del impuesto sobre la renta, la seguridad social y el IVA. En cualquier caso, sí
parece que solicitará más tiempo para revertir la deficiente herencia de los conservadores
en materia de servicios públicos.
