Tradicionalmente, la teoría de la
Hacienda Pública ha establecido la fundamentación del sector público en la
economía a fin de alcanzar una adecuada asignación de los recursos. En el marco
de una economía de mercado, al Estado, además de algunas funciones consideradas
esenciales (orden público, defensa, justicia e infraestructuras), se le
atribuye el papel corrector de situaciones en las que se presente algún fallo
del mercado. Así, la teoría ofrece un respaldo para la aplicación de impuestos para
corregir los efectos externos negativos, y de subsidios para estimular la
oferta o el consumo de bienes con efectos externos positivos. De esta manera, dicho
enfoque normativo sostiene que el Estado actúe decididamente para promover el
bienestar social. Ya sea de forma directa o indirecta, sin forzar comportamientos,
simplemente corrigiendo los precios del mercado, cuando adolecen de precisión
informativa, se benefician los integrantes de la sociedad. El Estado protector
vela por el bien de los ciudadanos.
En algunos casos, yendo más allá
de la aplicación de costes o de estímulos, se entra en un plano más coercitivo,
imponiendo ciertas conductas o el consumo de bienes y servicios que, supuestamente,
benefician a los individuos, incluso aunque éstos no sean conscientes de ello.
El caso de los denominados bienes preferentes, teñidos -desde una perspectiva
liberal- de connotaciones paternalistas, refleja un arquetipo de este tipo de
actuaciones.
El sector público tiende a intervenir
cada vez más y a invadir la esfera de la autonomía personal. Hábitos y prácticas
considerados no saludables o recomendables están en el punto de mira. Puede
que, en esa orientación, el Estado esté impelido por un impulso paternalista
reforzado, pero esa línea de actuación responde también a otras motivaciones.
El Estado aplica distintas medidas inhibitorias o desestimulantes no para proteger
a las personas, sino, más bien, para protegerse a sí mismo. Determinados comportamientos
no sólo pueden perjudicar a quienes los llevan a cabo, sino que pueden alimentar
necesidades de gasto público que sea incapaz de asumir. Como señala The Economist
en un reciente artículo (“The new nanny state”, 14-10-2023), lo que ha cambiado
desde que irrumpió el Estado benefactor es “que los políticos ahora ven el
Estado protector como una necesidad más que como un atributo positivo. El
antiguo Estado protector era paternalista, protegiendo a la gente de sí misma. En
el nuevo Estado protector, la política económica va orientada a proteger al Estado
de la gente”.
