El paradigma de la
estabilidad presupuestaria desempeña un papel crucial en la configuración
institucional de la Unión Europea (UE) y, de manera particular, en la de la
Unión Económica y Monetaria (UEM). Para el desarrollo de esta, el Pacto de
Estabilidad y Crecimiento (PEC) asumió como criterios unos límites del 3% del
PIB para la cifra de déficit público, y del 60%, sobre la misma magnitud
macroeconómica, para la de deuda pública. A raíz de la gran crisis económica y
financiera internacional de 2007-2008, y sus derivaciones, se adoptaron
diversas iniciativas tendentes a reforzar los mecanismos de la estabilidad
presupuestaria.
Se implantó una regla de oro
centrada en el saldo presupuestario estructural (saldo sin considerar la
influencia de la coyuntura económica en los ingresos y gastos públicos, ni
medidas extraordinarias), y se estableció que aquellos países cuya deuda
pública excediera del 60% del PIB debían reducir el exceso en una veinteava
parte cada año.
Como resultado de ello, se
llegó a un conjunto de reglas considerado de gran complejidad técnica, basadas
en variables no observables directamente, sino en estimaciones sujetas a
controversia metodológica. Pese a ello, la consideración de variables como la
brecha de producción (output gap) o el saldo presupuestario estructural
responde a una lógica económica absolutamente razonable. En cualquier caso, la
efectividad de las normas había sido modesta y, en marzo de 2020, en la fase
inicial de la pandemia de la Covid-19, se declararon en suspenso.
Ya con vistas a la
reinstauración de las reglas fiscales en 2024, la Comisión Europea ha difundido
una propuesta para un nuevo marco de gobernanza económica y fiscal. Tras hacer
un balance de la experiencia, que se valora positivamente, pero con importantes
matices, la Comisión busca definir una arquitectura más simple e integrada para
la supervisión, con el propósito de asegurar la sostenibilidad de la deuda y
promover un crecimiento inclusivo y sostenible. Los valores de referencia para
el déficit presupuestario (3% del PIB) y la deuda pública (60% del PIB)
permanecen inalterados.
La piedra angular del nuevo
marco son los planes fiscales y de reformas nacionales a medio plazo, los
cuales abordarán conjuntamente los compromisos fiscales, las reformas y las
inversiones de cada país, dentro de un esquema común para la UE. Los planes
tendrán una duración de 4 años, ampliable a 7, en casos justificados de
reformas e inversiones públicas que promuevan el crecimiento y la transición
digital o energética.
Se prevé establecer
requerimientos para asegurar que la ratio de la deuda se coloque en una senda
descendente o quede en niveles prudentes, y que el déficit presupuestario se mantenga
por debajo del 3% del PIB a medio plazo. Sin embargo, se elimina la regla de la
veinteava parte concerniente a la deuda pública, por entender que puede
implicar una exigencia excesiva. Respecto a España, la disminución de la ratio
de la deuda (118% sobre el PIB, a finales de 2021) hasta situarse en la cota
del 60% podría lograrse en un escenario de mantenimiento, durante 20 años, de
una tasa anual de crecimiento nominal (variación real más incremento de
precios) del PIB del 3,5% y ninguna adición neta al saldo de la deuda pública
de partida.
En el nuevo esquema, se
utilizará como variable esencial de control el “gasto primario neto financiado
nacionalmente”, es decir, el gasto público con exclusión de una serie de
partidas: los aumentos de gasto correspondientes a subidas impositivas que se
aprueben expresamente, los gastos de intereses de la deuda, y los gastos por
prestaciones de desempleo.
No todos los instrumentos y
los procedimientos han superado el test del tiempo, asevera la Comisión Europea
respecto a la etapa anterior. Está por ver si el nuevo esquema, más relajado y
flexible, consigue recuperar la senda de sostenibilidad financiera en países
altamente endeudados y, con carácter general, preservar la estabilidad
presupuestaria. Cuando una veintena de países independientes quieren compartir
una moneda, necesitan, como afirma The Economist, algunos guardarraíles. Hasta
ahora, el sistema se ha mantenido en pie por la decisiva ayuda recibida desde
la instancia monetaria. En tanto no se complete la casa común, no hay garantía
de que un paquete de reglas fiscales sea suficiente para evitar que algún residente
acabe asomándose al precipicio.
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