La historia viene de lejos. La controversia estaba larvada, y ha venido a emerger en el peor momento, cuando se está propagando el indomable virus de la pandemia económica. El estado de alarma se ha desatado en Karlsruhe, ciudad donde radica la sede del Tribunal Constitucional Federal de Alemania.
Este alto tribunal, en sentencia difundida hoy, ordena al gobierno alemán verificar que el Banco Central Europeo (BCE) lleva a cabo una “valoración de proporcionalidad” de sus vastas compras de deuda pública, para asegurar que sus efectos económicos y de política fiscal no sobrepasan sus objetivos de política económica.
Desde hace años, los programas de bonos públicos han sido objeto de debate en Alemania, donde los críticos esgrimen que, mediante tales programas, el BCE se ha excedido en su mandato facilitando una financiación ilegítima y, al propio tiempo, exponiendo a los contribuyentes a pérdidas potenciales. En este mismo sentido, los detractores de esta línea de actuación del BCE consideran que la misma implica una financiación monetaria del sector público, algo que está prohibido por el Tratado de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea había rechazado esa tesis, pero ahora saltan las alarmas en Karlsruhe. Su onda puede ser expansiva en su impacto, que, paradójicamente, podría llegar a ser bastante contractivo. Las espadas están en alto.
