¿Cuál es la dimensión óptima del sector público?

No existe un indicador único para medir la dimensión económica del sector público. El Estado interviene en la economía a través de una multiplicidad de canales e instrumentos que difícilmente pueden sintetizarse en un solo dato. No obstante, la ratio de lo que representa el gasto público respecto al PIB es utilizada comúnmente como indicador más representativo del tamaño relativo del sector público. En España, dicha ratio se situó ligeramente por encima del 41% en el año 2018. ¿Puede considerarse una cifra adecuada, o, por el contrario, demasiado reducida, o tal vez excesivamente elevada?

Hay quienes no necesitan mucha reflexión para responder este tipo de preguntas: algunas personas consideran que el tamaño del sector público debe ser lo más reducido posible, el mínimo imprescindible para que la economía pueda operar libremente; otras, en cambio, se decantan por un sector público que acapare el mayor número de intervenciones, apostando por su expansión como receta para resolver todos los problemas sociales. Sin embargo, para aproximarse a esta cuestión tan importante, hay formas distintas a seguir simplemente los dictados de preferencias exclusivamente ideológicas.

Así, de entrada ha de constatarse que hay funciones que debe desempeñar el Estado por razones puramente técnicas. Además de encargarse de establecer un marco legal para que pueda desenvolverse la actividad económica, hay una serie de bienes y servicios absolutamente necesarios que, por su carácter colectivo puro (los llamados, no muy certeramente, “bienes públicos”), no son atendidos adecuadamente por la iniciativa privada. De igual manera, hay una serie de actuaciones individuales que tienen consecuencias, positivas o negativas, sobre el resto de la sociedad que el mercado es incapaz de valorar. La intervención estatal es precisa para extenderlas o restringirlas, respectivamente. Los ámbitos de la regulación básica y de la asignación de bienes y servicios reclaman, pues, la implicación directa del sector público. En función de la estructura adoptada y de la eficiencia, unos mismos niveles de dotación pública requerirán distintos importes de gasto.

Por lo que concierne a la vertiente de la distribución de la renta y la riqueza, la intervención del Estado no responde ya a premisas técnicas sino a los criterios subjetivos de justicia que se desee aplicar. Ahora bien, la consecución de objetivos de equidad está sujeta a las restricciones que se derivan de la respuesta de los factores productivos a los programas impositivos y de gasto público. Existe plena libertad para establecer metas redistributivas, pero hay limitaciones a la hora de llevarlas a la práctica en una sociedad libre.

Una vez adoptadas las decisiones relevantes (áreas de intervención, objetivos, y recursos dedicados), parece pertinente tratar de dilucidar en qué medida la actuación económica del sector público es eficiente. Para ello hace falta responder dos preguntas: i) ¿se alcanza, con los recursos utilizados, el mayor nivel de producción posible?; y ii) ¿es posible mantener el nivel de producción actual utilizando menos recursos? De los estudios que han aplicado esta metodología se desprende que, en comparación con las mejores prácticas (frontera de posibilidades de producción), en España, como en otros países, hay un considerable margen de mejora en los dos sentidos. Es decir, gastando lo mismo podríamos ampliar el nivel y/o la calidad de los servicios, o bien, podríamos mantener los actuales ahorrando dinero.

Otro enfoque que ha centrado la atención de numerosos estudios es investigar qué tipo de relación existe entre la magnitud relativa del gasto público y la tasa de crecimiento económico. La mayoría de los estudios respalda la existencia de una curva con forma de “U” invertida. Así, hasta una determinada dimensión, un mayor gasto público tiende a incrementar el ritmo de crecimiento económico, pero, a partir de la cota máxima de la curva, la ampliación del gasto público lleva a un peor comportamiento en términos de crecimiento económico. Asimismo, se concluye que la mayoría de los países se encuentra actualmente en la parte descendente de la curva, es decir, el nivel de gasto público excede del óptimo. Dicho óptimo no es el mismo para todos los países, pero llama la atención que, en general, se sitúa en cotas bastante inferiores a los registros observados en la realidad.

Hay personas que reciben esos resultados con satisfacción y otras, con escepticismo y rechazo, según su posición en el espectro ideológico. A ambos colectivos se les podría formular la siguiente pregunta: ¿suscribiría el alcance de la intervención del sector público planteado, en el primer caso por Adam Smith (posición liberal), y, en el segundo, por John Maynard Keynes (posición intervencionista)?

Pues bien, el primero, identificado comúnmente como el paladín del liberalismo económico, justificó la intervención del Estado para el suministro de una serie de servicios y de infraestructuras, además de preocuparse por la igualdad efectiva de los individuos. A su vez, el segundo, el icono del intervencionismo del sector público en la economía, consideraba que el gasto público no debía superar el umbral del 25%-30% del PIB.

Sin perjuicio de que se tomen más o menos en consideración las posiciones de esas dos figuras del análisis económico, sí parece claro que ninguna cuestión económica, y, mucho menos, una tan relevante como la dimensión óptima del sector público, deba basarse en dogmas de fe. Como dejó fundamentado Popper, un elemento básico de una proposición científica es su “falsabilidad”, esto es, la posibilidad de someterla a refutación mediante pruebas o experimentos.

En este contexto, es factible enunciar algunas hipótesis que pueden someterse al oportuno contraste empírico: a) La dimensión económica actual del sector público en España no es óptima; b) Existen posibilidades de lograr ganancias de eficiencia en un doble sentido, mejorando los niveles de servicios con el mismo gasto, o dando los mismos servicios a un menor coste. Hay que celebrar que exista lo falsable para así poder liberarnos de los falseamientos.
(Artículo publicado en el diario “Sur”, con fecha 6-10-2019)