19 de octubre de 2018

Dejar de ser Dinamarca para llegar a ser Dinamarca

Desde siempre, he profesado una gran admiración por los países nórdicos, que tradicionalmente han encarnado la materialización de un modelo de éxito político, económico y social. No es de extrañar que Francis Fukuyama eligiera el nombre de “Dinamarca” como ilustración de una sociedad imaginada que es próspera, democrática y segura, que está bien gobernada y registra bajos niveles de corrupción. “¿Cómo llegar a ser Dinamarca?” es un interrogante de gran interés que se suscita en una obra reciente del prestigioso politólogo estadounidense. Algunas reflexiones acerca de la misma realizaba hace algún tiempo en un breve artículo (diario “Sur”, 16-1-2016).

La concepción de las sociedades nórdicas como ideales se ve sacudida en buena medida por los relatos contenidos en las múltiples ediciones de libros aparecidos en los últimos años al calor del boom de la novela negra de aquellas latitudes. A pesar de tratarse de obras de ficción literaria, la lectura de los textos de autores como Henning Mankell puede llegar a marcar un antes y un después en cuanto a la percepción de la realidad social en los países escandinavos.

En todo caso, éstos han estado y están a la vanguardia de muchas tendencias económicas y sociales. El uso del dinero electrónico en sustitución del dinero físico, como forma de combatir las actividades ilícitas y las de la economía sumergida, es una de ellas.

Dinamarca es un caso paradigmático en este sentido. Ahora bien, pese a que la imagen de la economía sumergida suele asociarse a determinados países situados más al Sur, ello no significa que ese fenómeno esté totalmente erradicado allí. Según un reciente estudio (Leandro Medina y Friedrich Schneider, “Shadow economies around the world: what did we learn over the last ten years?”, IMF, WP 18/17), el peso de la economía sumergida se sitúa en Dinamarca en un nivel en absoluto despreciable (10,9% del PIB), aunque sea bastante inferior al de España (17,2%). Las sociedades nórdicas presentan un funcionamiento más adecuado que otras, pero, aunque en menor grado, se ven también afectadas por problemas extendidos por todo el mundo.

Aunque haya que descontar esa presencia, la detección de hechos delictivos dentro del entramado económico formal no deja de causar un especial asombro cuando ocurre en los países con mayores índices de calidad democrática y menores tasas de corrupción. Por eso, la noticia relativa a la investigación, iniciada hace más de un año, de posibles operaciones de blanqueo de capitales en la red de un banco danés, por importe de 200.000 millones de euros, resulta verdaderamente impactante. Danske Bank es el mayor banco danés, con una cifra de activos totales, a finales del año 2017, de 549.000 millones de dólares. El asunto, que se hizo público hace ya ocho meses, fue calificado por el diario Financial Times (“Danske: Scandi noir”, 4-7-2018), como “un caso apropiado para los detectives de un drama de crimen escandinavo, si estuvieran especializados en contabilidad forense además de en homicidios”.

Desde luego, la correcta detección de operaciones de blanqueo de capitales exige una alta pericia y unos sofisticados mecanimos de alertas y controles informáticos sobre las transacciones bancarias. Según recoge Financial Times (Richard Milne, 17-10-2018), el citado banco informó recientemente de que “200.000 millones de euros en dinero de no residentes circularon a través de su filial de Estonia entre 2007 y 2015, y que una ‘gran parte’ del mismo probablemente era sospechoso”.

Como no podía ser de otra manera, un episodio de esta naturaleza viene a reflejar un fallo de las “tres líneas de defensa” establecido para la gestión y el control del riesgo en las entidades bancarias: la primera, en el propio ámbito del negocio; la segunda, a través de una unidad central especializada en la prevención del blanqueo de capitales; y la tercera, encomendada a los servicios de auditoría interna. A estas tres líneas de defensa ha de añadirse una cuarta, la correspondiente a la auditoría externa, e incluso otra más, toda vez que existe la obligación de elaborar informes periódicos de expertos independientes sobre los sistemas de prevención.

Como es bien sabido, las operaciones de blanqueo de capitales se basan frecuentemente en triangulaciones internacionales, pero las competencias supervisoras siguen recayendo en las autoridades nacionales. Así las cosas, no faltan planteamientos que abogan por articular un sistema de supervisión a escala europea. A este respecto, para Financial Times, “un cuerpo antiblanqueo de capitales de ámbito UE es sumamente necesitado para armonizar y hacer cumplir las reglas, y dirigir los recursos donde sean más necesarios. Las instituciones y los Estados miembros de la UE necesitan encontrar la voluntad política para cerrar lo que es un enorme agujero en el marco regulatorio del continente” (“Europe needs a central anti-money laundering body”, 4-9-2018).

En definitiva, como en otros muchos apartados, para aspirar a “llegar a ser Dinamarca” hay que renunciar, en parte, a ser Dinamarca para ser más Europa.

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