¿Es realmente
baja la carga impositiva en España, tal y como suele afirmarse habitualmente?
Para responder a esta pregunta se toma normalmente como referencia la presión
fiscal agregada, que, en 2018, se situó en el 35,4% del PIB, algo menos de 5
puntos porcentuales por debajo de la media de la Unión Europea. La presión
fiscal es, sin embargo, un indicador que sintetiza el juego de una serie de
factores cuya influencia individual no se percibe en términos agregados. Así,
es el resultado de la interacción de: i) la normativa existente acerca de la
estructura y la configuración del sistema impositivo; ii) la reacción de los
agentes económicos ante dicho marco fiscal; iii) el peso de la economía
sumergida; iv) los niveles de cumplimiento y de fraude tributarios; v) la
magnitud de los beneficios o gastos fiscales; vi) la fase del ciclo económico;
y vii) las perturbaciones económicas extraordinarias.
De otro lado, la
valoración de la carga tributaria no puede disociarse de la consideración de
los servicios públicos que permiten evitar gastos privados de las familias ni
de las prestaciones sociales que complementan sus ingresos a lo largo del ciclo
vital. Adicionalmente, en países donde, como en España, los gastos fiscales
tienen bastante importancia, bastaría con suprimirlos, y transformarlos en
gastos públicos directos, para elevar la presión fiscal aparente sin ninguna
alteración de las actuaciones realizadas.
Existe un amplio
abanico de estimaciones del peso de la economía sumergida y de su impacto en la
merma de ingresos fiscales en España. Una recapitulación de las principales
estimaciones y de los procedimientos de cuantificación permite sugerir que dicha
merma se cifra, como mínimo, en torno al 4% del PIB.
Ante una
situación de déficit presupuestario como a la que se ve abocado el sector
público español, es una fórmula casi ineludible plantear subidas fiscales. Sin
embargo, toda reforma fiscal debería comenzar con una fase previa, la de
determinar si los recursos existentes se emplean de una forma óptima o, dicho
de otra manera, si todo el gasto público es estrictamente necesario, y si se
utiliza eficientemente.
Y aún más
importante es la adopción de medidas eficaces para combatir y reducir el fraude
fiscal, fenómeno que, a veces, parece aceptarse como algo consustancial al
sistema tributario. La existencia de fraude fiscal atenta frontalmente contra
todos y cada uno de los principios en los que se sustenta el diseño de un
sistema impositivo ideal, en particular los de generalidad e igualdad. Aun
cuando no se dispone de datos oficiales, existen diversas estimaciones de
origen académico, normalmente circunscritas a figuras impositivas concretas,
fundamentalmente el IRPF y el IVA, de las que se desprende una pérdida
recaudatoria, sólo en estos tributos, superior al 4% del PIB.
En este contexto,
la tendencia a constreñir las medidas necesarias para allegar mayores recursos
públicos al aumento de la carga tributaria, renunciando a otras actuaciones
encaminadas a poner coto y minorar la sangría provocada por las distintas manifestaciones
del fraude fiscal, da lugar a que la brecha entre quienes cumplen sus
obligaciones tributarias y los que las eluden no haga más que agrandarse.
Haciendo referencia incluso a la situación existente antes de la reforma fiscal
de 1977, modernizadora del sistema fiscal español, un informe de la OCDE
advertía de lo siguiente: la carga tributaria media puede ser relativamente
baja, pero los valores efectivos son considerablemente superiores una vez que
la carga se reparte entre quienes verdaderamente contribuyen.
Hace algunos
años, el Fondo Monetario Internacional estimaba el esfuerzo fiscal (cociente
entre la recaudación tributaria efectiva y la potencial, determinada ésta según
variables socioeconómicas) de España en el 71%, por encima, por cierto, de
Alemania (57%) y Suecia (62%). Aun siendo de interés obtener indicadores
agregados, también lo sería poder conocer el verdadero esfuerzo fiscal en
función del grado de cumplimiento efectivo de las obligaciones tributarias.
(Artículo
publicado en el diario “Sur”)