4 de julio de 2018

Renta básica universal vs. empleo básico universal

Una de las pocas consecuencias positivas de la Gran Recesión, acarreada por la crisis financiera internacional de 2007/08, ha sido el proceso de revisión de los fundamentos de la ciencia económica, que ha propiciado la incorporación de novedosas perspectivas que contribuyen a su revitalización. También, al hilo de ese proceso, han irrumpido en escena nuevas propuestas para abordar la solución de problemas económicos que aquejan a la sociedad. Hasta no hace mucho, algunos de tales planteamientos se consideraban inconcebibles o utópicos. Ya no es necesariamente así.

Ciertas iniciativas en particular han cobrado un especial protagonismo, como es el caso de la denominada renta básica universal, que, a pesar de su actualidad, responde a una idea bastante antigua y, lo que es más sorprendente, su paternidad, aunque no en exclusiva, puede atribuirse a un significado defensor del sistema capitalista de mercado, el economista estadounidense Milton Friedman. Su propuesta de impuesto negativo sobre la renta encaja perfectamente con la idea de la renta básica universal.

En verdad, no puede decirse que la denominación de “impuesto negativo sobre la renta” sea muy afortunada, ya que se trata de un impuesto sobre la renta combinado con una transferencia universal incondicionada, que da lugar a que quien no obtenga renta o lo haga en una cuantía menor reciba un subsidio del Estado. Con relación a los principales aspectos de la renta básica, me remito a un artículo que escribí hace varios años (“La renta básica universal: una cuestión de matemáticas”, diario Sur, 6-4-2015). 

De una forma u otra, el rasgo esencial de la renta básica universal es que cualquier persona (a partir de la edad que se determine) tiene derecho a percibir un ingreso con cargo al presupuesto público, sin ningún tipo de obligación. Cada individuo sería completamente libre para disfrutar de ocio, trabajar según las oportunidades que encuentre en el mercado laboral, o bien realizar actividades de voluntariado social.

Frente a esta posibilidad, una opción que se viene planteando recientemente, singularmente ante un panorama de desaparición de ocupaciones tradicionales por la utilización de robots, es la del ofrecimiento por el sector público de un puesto de trabajo garantizado con una remuneración digna.

Ambas alternativas cuentan con destacados partidarios y se ha suscitado una controversia acerca de cuál es la más idónea. La renta básica, partiendo de que fuera suficiente para proporcionar unos estándares de vida aceptables, permitiría que cada individuo asignara libremente su dotación de tiempo. No obstante, algunos analistas apuntan que muchas personas prefieren percibir una remuneración económica como compensación de una contribución establecida, tener su tiempo ocupado e involucrarse en un ambiente de trabajo. Otras, en cambio, subrayan algunos inconvenientes asociados al trabajo, como los desplazamientos, el sometimiento a una disciplina o la penosidad de la actividad.

La idea del empleo garantizado ha aparecido recientemente en el debate económico, pero encuentra también antiguas raíces en los programas de empleo público, concebidos como una fórmula de creación directa de empleo por el sector público. Dichos programas se basan en la premisa de que, para hacer frente al problema del desempleo de colectivos desfavorecidos o al del paro cíclico en fases recesivas, es preferible ofrecer oportunidades de empleo llevando a cabo proyectos de interés social.

Un mismo problema, dos enfoques distintos: otorgamiento de un derecho pleno a la obtención de una renta, sin ningún condicionante, frente a la posibilidad del ejercicio de un derecho a la percepción de un ingreso vinculado a la realización de una contribución social. Derecho absoluto frente a garantía con contenido obligacional.

Quizás lo ideal sería que las dos opciones fuesen superfluas en la medida en que cualquier persona pudiese alcanzar, de manera autónoma, ingresos superiores. Apoyar a quien no pueda lograrlo es una línea ligada al progreso. Las dos fórmulas enunciadas son diferentes, pero comparten un rasgo común: el garante es el Estado, pero la eficacia de su garantía depende del esfuerzo productivo de cada miembro de la colectividad. Ni la renta ni el empleo garantizados son, hoy por hoy, un maná.

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